Un proyecto de ley que inició el diputado de la UCR/Cambiemos, Diego Rovella, propone la inclusión de dos incisos y un nuevo artículo en la Ley 8081 de 1977 por la cual se creó el S.A.M.O. (Sistema de Atención Médica Organizada) mediante los cuales el estado bonaerense podría recuperar una parte de su inversión en salud.

La propuesta apunta a que los gastos en la atención médica de personas por accidentes viales y/o laborales, y que no cuenten con cobertura social, sean solventados por las compañías aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, tanto en lo concerniente a las aseguradoras vehiculares como aquellas que tengan que ver con los riesgos de trabajo (ART).
En ese sentido, el proyecto propone claramente que el Estado deberá tomar todos los recaudos necesarios, a través el mismo S.A.M.O. para que las compañías aseguradoras vinculadas al accidente, vial o laboral, asuman el compromiso obligatorio de correr con los gastos de la atención médica en hospitales públicos y demás centros de asistencia –dependientes del gobierno provincial– de los ciudadanos afectados, y en los casos que corresponda, las actuaciones judiciales se tramiten a través de Fiscalía de Estado para que, por vía de apremio, proceda a la recuperación de esos dineros públicos, que podrán ser utilizados nuevamente para cubrir otras necesidades de índole social.
En sus fundamentos, el legislador oriundo de La Plata precisó que «está debidamente justificado buscar la disminución del costo que debe asumir el Sistema Público de Salud, imponiendo a terceros responsables por el daño la reparación del mismo». Y agrega Rovella entre sus tantos argumentos que apoyan el proyecto «Así quedarían autorizados los Hospitales o Centros de Salud Pública a gestionar y ejecutar la deuda de acuerdo al valor de las prestaciones preliminares llevadas a cabo por dichos centros asistenciales bonaerenses».
Asimismo, y principalmente, «al Estado provincial no le demandará ningún tipo de gastos accesorios, administrativos ni de ningún otro tipo, toda vez que las gestiones de cobro estarán a cargo del propio S.A.M.O. que ya se encuentra funcionando en todos los hospitales y centros de salud, y la vía de apremio, si correspondiese, se haría desde la Fiscalía de Estado. El proyecto, finalizan los fundamentos de Rovella «colaborará a establecer un equilibrio económico y financiero en el área de la salud pública, sin debilitar el sistema prestacional o laboral».