Los arrestos ocurrieron en el marco de 50 allanamientos en simultáneo que se hicieron en todo el país por múltiples casos de phishing e ingeniería social para vaciar cuentas.
En un operativo nacional conjunto realizado este martes, varias fiscalías de la provincia de Buenos Aires llevaron a cabo 50 allanamientos simultáneos en varias localidades del país para desarticular una red de ciberestafas que, según estimaciones iniciales, generó pérdidas de más de 80 millones de pesos.
Tras los procedimientos, las autoridades secuestraron grandes sumas de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, además de dispositivos electrónicos como computadoras, celulares, tarjetas de memoria y SIM, y hasta armas de fuego. Un total de 30 personas fueron identificadas y detenidas en el marco de esta investigación.
Las investigaciones, iniciadas a partir de denuncias presentadas ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, detectaron múltiples casos de phishing e ingeniería social que derivaron en fraudes bancarios, según reportó el Banco Provincia de Buenos Aires, entidad que colaboró desde el inicio para desentrañar la red de estafas.

Las maniobras de ciberfraude se basaban principalmente en accesos no autorizados a cuentas bancarias mediante métodos de phishing y malware, que afectaron a clientes de diversas plataformas digitales.
En uno de los casos reportados, una víctima recibió un documento infectado que descargó sin advertir que contenía un malware bancario. Días después, al ingresar a su Home Banking, perdió el control de su computadora y, al reiniciarla, descubrió que su cuenta había sido vaciada mediante transferencias a terceros que luego fueron utilizadas para comprar criptomonedas.
Otro de los testimonios expuso cómo una víctima, al intentar dar de baja una tarjeta de crédito, ingresó a una página fraudulenta y fue despojada de su dinero en varias transferencias.
Casos similares ocurrieron en el contexto de ingeniería social, donde los estafadores se hicieron pasar por personal bancario o de instituciones oficiales como ANSES, instruyendo a las víctimas a descargar aplicaciones de control remoto como Quicksupport, lo que facilitó a los criminales el acceso a los dispositivos de los usuarios y la apropiación de sus datos bancarios.
Los delincuentes también utilizaron el Marketplace de Facebook para atraer víctimas. En estos casos, supuestos compradores enviaban comprobantes de transferencias falsos por WhatsApp y solicitaban a los vendedores validarlos en un cajero automático.
Al seguir las instrucciones, las víctimas perdían el control de sus cuentas y eran bloqueadas de WhatsApp, solo para descubrir posteriormente que sus ahorros estaban perdidos.

Los operativos se concretaron en diversas localidades bonaerenses como Adrogué, Florencio Varela, Ezeiza, Zárate, entre otras, así como en varias ciudades de la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los fiscales que lideraron la investigación pertenecen a varios departamentos judiciales de la provincia, incluyendo Junín, Bahía Blanca, San Nicolás, Necochea, Quilmes y La Matanza. La coordinación del operativo estuvo a cargo del Departamento de Ciberdelitos del Ministerio Público de Buenos Aires, encabezado por Gisela Burcatt, con apoyo de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General de Buenos Aires, dirigida por Francisco Pont Verges.
Entre las fuerzas de seguridad involucradas estuvieron la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, la Dirección Investigaciones Cibercrimen de la Provincia de Buenos Aires, y diversas unidades de la Policía Federal Argentina. También colaboraron la Fiscalía especializada en Ciberdelitos de Córdoba y la empresa Exchange Lemon Cash.