Para la fiscalía, el oficial Facundo Torres es responsable de “encubrimiento agravado” por su participación primaria en la “falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada”.

La fiscalía pidió seis años de prisión para el policía de la Ciudad acusado de plantar un arma de utilería dentro del auto en el que fue asesinado el joven futbolista de Florencio Varela Lucas González en 2021. Para el fiscal Sandro Abraldes, el oficial Facundo Torres es responsable de “encubrimiento agravado” por su participación primaria en la “falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada”.
“Se trató de un procedimiento fraguado y es sin duda un caso de violencia institucional y policial”, aseguró el fiscal. Destacó que el aporte del oficial fue “protagónico y preponderante” en el operativo desplegado por la Policía de la Ciudad para encubrir a los tres policías que dispararan contra el auto donde iban el futbolista juvenil de Barracas y tres amigos. Dijo que el imputado y sus consortes de causa “actuaron guiados por odio racial”.

El fiscal general Sandro Abraldes durante su alegato en el segundo juicio por el crimen de Lucas González.
Foto: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

El fiscal Sandro Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27, pidió 6 años de prisión para el oficial acusado de haber aportado el arma de utilería que se colocó dentro del auto donde viajaban Lucas González y sus amigos. El joven futbolista fue asesinado en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas por tres efectivos de la fuerza porteña, que ya fueron condenados a prisión perpetua en 2023.
Para la fiscalía, Facundo Torres (oficial de la Comisaría Vecinal 4D) es responsable del “encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave” y por su participación primaria en los delitos de “falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”.
Abraldes solicitó, además de los 6 años de prisión, la imposición de 10 años de inhabilitación para ejercer la función pública y para portar y tener armas. Y reclamó que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 declare, a modo de juicio por la verdad, que tanto Lucas González como sus amigos Niven Huanca Garnica, Julián Alejandro Salas y Joaquín Zuñiga Gómez fueron víctimas de violencia institucional y policial “con una grave afectación a sus derechos humanos” y que nada tuvieron que ver con un enfrentamiento armado con la policía.
Por otra parte, señaló que va a solicitar que se investigue por falso testimonio a un policía que se presentó a declarar en el debate.
La imputación al oficial surgió en el marco del primer juicio que se hizo por el crimen del joven futbolista de las inferiores de Barracas Central. En ese debate, además de la prisión perpetua a tres policías de la Ciudad considerados coautores del homicidio quíntuplemente agravado de González, se fijaron penas de entre 4 y 8 años de prisión por diferentes delitos a otros seis efectivos de la misma fuerza.
Durante una de las audiencias del juicio, Héctor Cuevas -uno de los integrantes de la Comisaría 4D condenados- aseguró haber visto cómo otros policías “habían ‘plantado’ el arma de juguete dentro del auto en el que iban las víctimas al momento de los hechos.
La mañana del 17 de noviembre de 2021, el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva -quienes integraban la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- circulaban en un automóvil Nissan Tiida sin identificación policial ni patente e interceptaron a Lucas y a sus tres amigos que iban en otro vehículo por el barrio de Barracas.
En ese momento, los efectivos se bajaron y les apuntaron, ante lo cual las víctimas intentaron esquivar la situación al creer que se trataba de un asalto. Los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente.
Tras los disparos, se montó en la zona un operativo que duró hasta entrada la noche y que culminó con la detención de los otros jóvenes que acompañaban a González. En ese marco, y a pesar de que durante la primera modulación que se hizo a las autoridades judiciales se sostuvo que no se observaba un arma dentro del auto de las víctimas, luego se halló allí una pistola de utilería.

El acusado Facundo Torres durante la audiencia de juicio. Foto: M. Pellón

El rol de Torres
Al comienzo de su exposición, el fiscal recordó que a principios del 2000 el Ministerio Público Fiscal creó la Comisión Investigadora de Procedimientos Fraguados en base a que se detectaron casos donde integrantes de la Policía Federal Argentina, a través de maniobras fraudulentas, habían iniciado causas penales “en contra de personas presumiblemente inocentes de baja condición sociocultural”.
Recordó entonces que se relevaron 105 casos donde se evidenciaron patrones y prácticas comunes y una “escenificación” de hechos delictivos con el objetivo de criminalizar a ciudadanos vulnerables y con bajas probabilidades de defenderse. Trazó entonces un paralelismo entre esos operativos y lo sucedido con este caso.
Para el fiscal, los funcionarios policiales montaron una versión “ficcional” con el objetivo de proteger a los miembros de la brigada que, de civil, habían disparado a los chicos sin previo aviso y sin mediar motivo . “Procuraron ejecutar a cuatro jóvenes que venían de probarse en un club de fútbol”, recalcó.

En ese momento, exhibió como parte del alegato fragmentos de videos que pasaron en los medios sobre el caso y audios tanto de policías involucrados como de las víctimas que alertaron a sus padres sobre lo sucedido. La presentación audiovisual fue realizada por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a cargo de Romina Del Buono, que brindó asistencia a la fiscalía en el caso.
Recalcó que a las 9:59 del 17 de noviembre de 2021 los comisarios Rodolfo Ozán y Fabián Du Santos -condenados en el primer juicio- ya sabían de lo ocurrido e incluso hablaban de que los policías “le volaron el frasco” a Lucas, en referencia al disparo que recibió el joven en la cabeza. En esa misma conversación también mencionaban que debían “emprolijar” las cosas.
“Esto es un nuevo capítulo de la solidaridad interna de la corporación donde prima más el código y el uniforme que la Constitución”, puntualizó el fiscal. Luego, analizó la conversación que el policía Cuevas mantuvo tras los hechos, donde contó cómo le plantaron un arma a los jóvenes.
“El quebranto del código de silencio por parte de Cuevas no le quita centralidad al aporte consciente y determinante que hizo Torres ya que su accionar, de no haber sido descubierto, hubiera significado el éxito de la maniobra policial”, explicó el representante del MPF.

La imagen exhibida por el fiscal muestra al imputado en la moto con el condenado Issasi rumbo a la seccional.

Tras esto, analizó los videos del caso donde se observa a Torres junto con Issasi en moto de camino a la comisaría. En esa secuencia, se los observa incluso violar varios semáforos en rojo e ir más rápido que el resto de los vehículos. Según el acusado, habían ido a buscar más cinta policial a la seccional. No obstante, el fiscal Abraldes explicó que, para ese momento, nadie les había requerido ese material e incluso recordó que el propio Torres aseguró que tenía cinta en la mochila.
Incluso recordó que, de acuerdo a lo que se rumoreaba en la fuerza -lo que describió Cuevas en su declaración como “radiopasillo”-, Torres se “ufanaba” de haber sido quien colocó el arma. “Esa información es similar a lo que hubiera podido obtenerse de un llamado anónimo”, indicó.
“Violencia sobre vulnerables”
“Estos chicos fueron el blanco por ser jóvenes, los trataron de negros de mierda, los discriminaron por su piel marrón. La sociedad argentina tiene un componente racista y las fuerzas de seguridad tienen una marcada tendencia al respecto”, esgrimió el fiscal en otro tramo de su alegato.
“Estos chicos lo único que querían era jugar a la pelota, estaban contentos porque habían quedado en Barracas. Solo querían y soñaban patear un penal como lo hizo Gonzalo Montiel en el Mundial 2022. Lucas no vio ese penal y sus amigos quizás sí lo hicieron pero atravesados por lo que pasó”, remarcó.
Hizo foco en la “solidaridad criminal” con la que actuaron los policías. “El papel de Torres fue determinante en la escena del crimen. Si el plantado del arma salía bien, la impunidad estaba garantizada y la condena y privación de la libertad de los c

Los padres de Lucas González, de espaldas, entre el público, durante los alegatos de la querella y la fiscalía en los tribunales de la calle Paraguay al 1500. Foto: M.Pellón

Agravantes
Para la fiscalía, debe considerarse como agravante de la pena el hecho de que Torres actuó amparado bajo su condición de oficial y que utilizó el vehículo que el estado le proveyó para llevar adelante el delito. Hizo mención al daño causado en su intento de encubrir a quienes mataron a González y las consecuencias físicas y mentales que generó eso en los otros tres adolescentes y en las familias de todos.
“Se esperaba de él una conducta opuesta, obrar de ese modo es una traición a la sociedad que debía proteger”, aseguró el fiscal y mencionó que por su cargo tenía mucha más responsabilidad que un ciudadano común. “Torres tenía todo para cumplir con la ley y a pesar de eso no lo hizo”, agregó.

“Este es un caso que involucra un sesgo discriminatorio muy fuerte, donde tanto él como sus consortes de causa actuaron guiados por odio racial, ya que consideraban a Lucas y a sus amigos como inferiores, como ‘negros de mierda’ que merecían ese trato”, concluyó. (Fuente: Fiscales.Gob)