El mandatario comunal de Florencio Varela, Andrés Watson presentó una acción de amparo contra la prestataria de energía eléctrica en el distrito ante el Juzgado Federal de Quilmes que otorgó su aprobación a la medida cautelar requerida desde la Intendencia.
“El Ejecutivo varelense agotó todos los recursos legales, técnico jurídicos para defender los derechos e intereses de la ciudadanía”, afirmó el secretario de Gobierno -Dr. Daniel Dono Leidi- sobre un esquema que también incluyó “poner a disposición cada una de las áreas del gabinete para acompañar a los vecinos ante las dificultades del contexto”.
Al respecto, la titular de Legal y Técnica -Dra. Adriana Schulz- mencionó “los más de 400 reclamos recibidos de usuarios a través del Call Center». Si bien aclaró que las denuncias debieron hacerse siempre en instancia inicial a la empresa, definió a la gestión municipal como “el primer frente al que los varelenses acudieron ante esta situación: la manera más rápida de buscar una solución”.
Schulz reveló un procedimiento de los últimos días a partir del cual la energía “fue proporcionada de manera alternada: mientras cortaban el abastecimiento en algún punto, la recomponían en otro”. “Esto no debió ser así bajo ningún concepto. El contrato de concesión exigió que la distribución fuera regular, continua y permanente”, subrayó.
Por vial judicial, requirieron a la compañía entregar por escrito un plan de emergencia conducente a la normalización definitiva de su servicio con los mecanismos de infraestructura necesarios.
Estipularon un plazo de cinco días para la confección del mencionado programa de contingencia junto a un informe sobre los antecedentes y fundamentos de la situación en el partido bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias por cada jornada de retraso.
Además, pautaron la elaboración de relevamientos quincenales sobre las tareas ejecutadas por EDESUR para garantizar la provisión eficiente del suministro en todos los barrios sin cortes ni interrupciones en una respuesta adecuada y concluyente a la problemática.
Por último, en la resolución favorable a la administración local determinaron la citación a representantes del Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE) como autoridad de aplicación para aportar datos e información relevante a la causa durante un periodo de 120 horas máximo.
La máxima autoridad distrital intimó mediante una carta documento a la firma por el inmediato restablecimiento de su prestación en los lugares afectados tras el masivo apagón del miércoles 1 de marzo. Posteriormente, decretó la emergencia energética que fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante hasta el 31 de diciembre de 2023.