La Cámara de Casación rechazó apartar al juez de la causa de enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos en Varela
viernes 26 de octubre de 2018

Francisco «Chicho» Basile, considerado por la denuncia como un testaferro del ex intendente Julio Pereyra, impugnó junto a Mirta Luz la actuación del juez y la fiscal por considerarla «violatoria de la garantía de imparcialidad».

 

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó, de manera unipersonal, el apartamiento del juez federal de Quilmes, Luis Armella y de la fiscal federal Silvia Cavallo, que se encargan de investigar los delitos de enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos contra el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra(en licencia) y en la actualidad diputado provincial.

La decisión se tomó con el consentimiento del juez Gustavo Hornos y aplicando la nueva ley de agilización de los procesos penales.

La petición de apartar al juez y a la fiscal la hizo el abogado Roberto Pucciarelli  de “Chicho” Basile (junto a la secretaria privada del intendente, Mirta Luz) , un histórico dirigente del PJ, que, en los últimos años, tuvo un importante crecimiento patrimonial, que sería producto de los contratos y las licitaciones firmadas con el partido de Florencio Varela por la recolección de basura y por obras públicas. Según los impulsores de la denuncia, sería el “Lázaro Báez” del ex intendente.

La causa fue presentada por la diputada Elisa Carrió, quien puso en duda el destino de los fondos girados a Florencio Varela por el Estado Nacional desde el 2003 para obras de infraestructura que no se habrían realizado. En esa línea, cuestionó el alto nivel de vida que lleva Julio Pereyra, quien fue intendente de Florencio Varela entre 1992 y 2017 y actualmente es diputado provincial. De esta forma, se dejó entrever un posible enriquecimiento ilícito con arcas del Estado por parte del ex intendente.

En cuanto a Basile, los denunciantes sostienen que era socio de Pereyra y se veía beneficiado de la misma manera. Por esta razón, los abogados defensores del político alegaron que la causa era una movida política electoral y pidieron el apartamiento del juez y fiscal a cargo, una petición que fue denegada. La causa continua siendo investigada.

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