El cargamento fue detectado en la cocina de la Unidad N°24 entre cajones de tomates. Las autoridades sospechan de penitenciarios desleales. Consumo interno y los exorbitantes números de las requisas en plena crisis de superpoblación.

El miércoles por la mañana, el encargado del depósito de cocina del penal de Florencio Varela, la unidad N°24 del Servicio Penitenciario Bonaerense, descubrió ocho panes de cocaína envueltos en cinta de embalar torpemente disimulados en un cajón de tomates perita mientras revisaba mercadería acompañado de dos detenidos que trabajan en la cocina. De inmediato, el encargado alertó a los dos penitenciarios jefes de la cárcel y los penitenciarios denunciaron el hecho a la Policía Bonaerense, lo que disparó una investigación a cargo del fiscal Christian Granados, titular de la UFI N°9 de Florencio Varela.
Granados dio órdenes, mandó perros entrenados a oler el depósito de la cocina y otros galpones en el penal. Los perros no encontraron nada más, solo esos panes disimulados entre los tomates, que fueron apilados en una balanza para ser pesados: ocho kilos, 255 gramos. Todo esto, lógicamente, no se ve nada bien. Es mucha cocaína, mucho dinero, más de cien mil dólares a valor callejero bonaerense actual con una etiqueta de entre once y doce mil el kilo de acuerdo a investigadores federales y conocedores del mercado narco. Todo esto, escondido en un lugar totalmente equivocado.
El hallazgo es un hecho inédito para las cárceles provinciales que agita dos manos negras concretas: primero, el consumo de estupefacientes en las cárceles mismas, el segundo, la posibilidad de hacer negocios turbios alrededor de la comida de los detenidos, una suerte de clásico en la corrupción penitenciaria. Pensar que es para consumo interno de los detenidos es la primera opción. “No tiene sentido que la coca haya aparecido así”, se escuda una figura alrededor del caso, “es mucho, no está fraccionado, no está subdividido, se corre el riesgo de que la encuentren toda de golpe. Yo creo que la mandaron por error.”
¿Hay penitenciarios sucios? ¿Hay internos investigados? Fuentes en el SPB que depende del Ministerio de Justicia a cargo de Gustavo Ferrari aseveran que su división de Asuntos Internos no tiene por ahora a ningún efectivo de fajina gris en sumario, tampoco a ningún preso. Otros dentro del sistema de cárceles más grande del país no dejan de sospechar hacia adentro. Una voz de peso desliza: “Meter tanta merca adentro de una unidad para mandarla de vuelta hacia afuera es una pelotudez sin límites. Quizás era para distribuir adentro por un tiempo. Y puede haber penitenciarios involucrados. Si no, no se animarían a tanto.“
Los ocho kilos y cuarto de polvo son la expresión más hiperbólica del contrabando tumbero en las cárceles de la provincia. En 2017, con 36 mil detenidos, el SPB según sus propios datos incautó 15.8000 facas en todas sus dependencias, poco más de cuatro de casa diez presos con un arma letal, 26 mil celulares, siete de cada diez detenidos con un aparato ilícito, 11.800 pastillas de psicofármacos, 1.600 litros de bebida alcohólica tumbera fermentada, una jugada más propia de los presos de mayor edad.
Este año, la cantidad de presos bonaerenses va en aumento galopante, una tendencia inaugurada en la era Scioli-Casal: se pasó de 36 mil detenidos en marzo último -con un exceso de casi diez mil de acuerdo a las entonces capacidades del SPB- a casi 40 mil hoy entre unidades y alcaldías, un foco de preocupación año tras año para organismos oficiales y no-gubernamentales como el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria y el defensor ante la Suprema Corte bonaerense, Mario Coriolano, que habló en un comunicado reciente de “una crisis humanitaria” ante la mayor sobrepoblación en la historia de las cárceles argentinas que llevó a versiones de la posible liberación de presos a comienzos del año. El SPB, mientras tanto, apunta a reformas y a obras en camino para contener el incremento de detenidos.
La cantidad de presos sube y la cantidad de requisas sube también, con más de 10 mil en lo que va del año y la incautación de 13.674 celulares y 7856 facas, 4320 pastillas. Los porros y las bolsas y papeles, de cara a los ocho kilos, son algo minoritario entre estos números: apenas 312 casos en los 7 meses de 2018.
¿Hay algún preso por narcotráfico en el penal de Varela con la suficiente espalda y capital para ingresar tanta cocaína a una zona de altísimo riesgo de incautación? Los penitenciarios consultados no saben responder a este punto. La Unidad N°24 fue allanada en diciembre del año pasado por la Bonaerense tras órdenes del Juzgado N°6 de La Matanza por vínculos de internos con una banda acusada de más de veinte robos comando a comercios. La droga encontrada fue poca en las requisas de este año, poco más de 200 pastillas, un poco de porro.
De vuelta a los ocho kilos, la cadena lógica del cajón de tomates pone el foco en la empresa encargada de proveerlo, la mayor proveedora de alimentos para el SPB, Cook Master SRL, con una fuerte adjudicación señalada en el Boletín Oficial bonaerense en octubre de 2017: mil treinta millones de pesos para brindar comida a las cárceles provinciales.

El problema de la comida es histórico en el sistema penitenciario: “la forma más fácil de currar en el sistema es con la plata de la comida de los presos”, dice un veterano en el área. Una inspección a mediados de 2016 de la PROCUVIN, el ala dedicada a violencia institucional de la Procuración, relevó testimonios de presos en la cárcel de Olmos que aseguraban recibir una comida virtualmente intocable de huesos con grasa, polenta dura y verdura podrida.
Hoy, el Servicio Penitenciario está relativamente feliz con Cook Master, según fuentes: encontró un proveedor que según sus cálculos no lo defrauda del todo con la comida que trae. La empresa hasta brindó talleres de gastronomía en la cárcel de Campana en marzo del año pasado, capacitaciones de procesamiento de alimentos y concursos de cocina entre presos en el penal de San Martín en diciembre.
La lista de clientes oficiales de Cook Master excede largamente al SPB: su sitio web nombra a los ministerios de Salud y Desarrollo Social provinciales, a Gendarmería, al GCBA para proveer a hospitales públicos, municipios como Pilar, Hurlingham y Ezeiza. De cara al cajón de tomates cargado de cocaína, fuentes vinculadas a la empresa aseguraron que “terceriza su transporte.” Los abogados de la firma, por lo pronto, ya están movilizados.
Desde la UFI N°9, encargada de investigar el caso, comunicaron que no responden preguntas de periodistas.
(fuente: El Ciudadano del Sur)